La Comisión Europea ha intensificado su acción legal contra la polémica ley de “soberanía nacional” de Hungría, argumentando que esta vulnera una amplia gama de derechos fundamentales. Bruselas ha llevado a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo, desatando un nuevo capítulo en las ya tensas relaciones entre la Unión Europea y el gobierno de Viktor Orbán.
La ley, aprobada en diciembre de 2023 gracias al apoyo del partido gobernante Fidesz de Orbán, ha sido descrita por el gobierno húngaro como un instrumento necesario para proteger la “soberanía nacional” y la “identidad constitucional” del país. Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) han criticado duramente la medida, calificándola de herramienta peligrosa destinada a silenciar voces críticas y a debilitar a la oposición.
El anuncio de la Comisión Europea, hecho público el jueves por la tarde, representa el siguiente paso en el proceso legal iniciado en febrero de 2024, después de que Bruselas considerara “insatisfactorias” las respuestas proporcionadas por Budapest a las preocupaciones planteadas. Según la Comisión, a pesar de las comunicaciones entre las autoridades húngaras y la UE, muchos de los puntos críticos no han sido abordados adecuadamente, lo que llevó a la decisión de llevar el caso ante el TJUE.
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La Comisión, sin embargo, no solicitó a los jueces que impongan medidas provisionales, como la suspensión temporal de la ley, a pesar de que algunas organizaciones civiles lo habían solicitado. Se espera que el fallo sobre este caso se emita en los próximos años.
“Tras evaluar cuidadosamente la respuesta de las autoridades húngaras, la Comisión mantiene la mayoría de las quejas identificadas, que aún no han sido resueltas”, declaró la institución en su comunicado oficial.
La ley crea una nueva oficina denominada Oficina de Protección de la Soberanía (SPO, por sus siglas en inglés), encargada de investigar a personas y organizaciones sospechosas de amenazar la soberanía de Hungría o su identidad constitucional. Esta oficina tiene el poder de recopilar información sobre individuos o grupos que reciben financiamiento desde el extranjero y que, según la ley, podrían influir en los debates democráticos y los procesos electorales “en interés de otro Estado” o “órgano extranjero”.
Además, los servicios secretos de Hungría están obligados a colaborar con la SPO, que también tiene acceso a documentos clasificados. Una vez concluidas las investigaciones, la SPO publica sus conclusiones, sin ofrecer mecanismos de apelación o medidas correctivas para impugnar los hallazgos.
Viktor Orbán ha defendido la ley en múltiples ocasiones, afirmando que es esencial para proteger a Hungría de interferencias políticas indebidas, especialmente de actores extranjeros que buscan desestabilizar el país. Sin embargo, las amplias facultades otorgadas a la SPO, junto con la falta de supervisión judicial y las definiciones vagas sobre lo que constituye una amenaza a la soberanía, han generado preocupación en numerosos sectores, tanto dentro como fuera del país.
Organizaciones como Transparencia Internacional Hungría y Átlátszó, una organización sin fines de lucro que realiza investigaciones periodísticas, ya han sido señaladas por la SPO. Estos casos han encendido las alarmas sobre el posible uso de la ley para atacar a periodistas independientes y a miembros de la sociedad civil que critican las políticas de Orbán.
La Comisión Europea ha hecho eco de estas preocupaciones al iniciar su acción legal. Bruselas sostiene que la ley viola numerosos principios y valores fundamentales de la Unión Europea, entre ellos el derecho a la vida privada, la protección de datos personales, la libertad de expresión, el derecho a la información y la asociación, así como la presunción de inocencia. Estos principios están consagrados en los tratados de la UE y son pilares de las democracias europeas
No solo Bruselas ha manifestado su oposición a la ley. El gobierno de Estados Unidos también ha criticado duramente la normativa, calificándola de “draconiana”. Washington ha acusado al gobierno húngaro de intentar “hostigar, intimidar y castigar” a organizaciones independientes, lo cual contraviene los principios de la gobernanza democrática basada en el estado de derecho.
Asimismo, el Parlamento Europeo, la Comisión de Venecia, Amnistía Internacional y el Comité Helsinki de Hungría, entre otros actores, han expresado su preocupación por las implicaciones de esta ley. Diversos medios de comunicación independientes también han señalado que la ley puede tener un efecto amedrentador, limitando la libertad de prensa y debilitando el control democrático en Hungría.
Este último desarrollo legal ocurre en un momento de alta tensión entre la Unión Europea y Hungría. En las últimas semanas, Budapest ha estado en el centro de varias polémicas, incluyendo su negativa a pagar una multa de 200 millones de euros y sus amenazas de trasladar migrantes a Bélgica. Además, el gobierno de Orbán ha sido criticado por facilitar permisos de trabajo a ciudadanos rusos y bielorrusos, lo que ha avivado las tensiones con otros Estados miembros de la UE.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tiene previsto dirigirse al Parlamento Europeo la próxima semana en su calidad de presidente del Consejo de la UE, una función rotativa que Hungría ostenta durante seis meses. Sin embargo, esta presidencia ha estado marcada por un boicot debido a la reunión de Orbán con el presidente ruso, Vladimir Putin, en julio, lo que ha añadido más fricciones en las relaciones de Hungría con sus socios europeos.
Este juicio en Luxemburgo representa otro capítulo más en la prolongada disputa entre Bruselas y Budapest, una confrontación que sigue definiendo el debate sobre el respeto a los valores democráticos y el estado de derecho en el seno de la Unión Europea.